Tres trabajadoras de un nosocomio ubicado en zona sudeste capitalina recibieron penas de ejecución condicional por utilizar documentación apócrifa para que sus hijos menores accedieran a la vacuna contra el COVID-19. Dos administrativos de un vacunatorio fueron absueltos.
Un fiscal representó al Ministerio Público en el juicio contra tres mujeres, empleadas del hospital Papa Francisco, acusadas como autoras de delitos relacionados con el uso de certificados falsos, fraude a la administración pública y violación de medidas sanitarias. Además, se juzgó a dos empleados administrativos de un centro de vacunación por incumplimiento de deberes y violación de normas sanitarias.
Durante la pandemia de COVID-19, en agosto de 2021, se descubrió que una administrativa del hospital y dos enfermeras del mismo centro de salud, madres de los menores involucrados, utilizaron certificados apócrifos con el membrete institucional. Estos documentos falsos modificaban las fechas de nacimiento y edades de los niños, además de consignar patologías inexistentes, con el fin de que fueran vacunados contra el COVID-19, alterando el plan de vacunación vigente según franjas etarias y comorbilidades.
En allanamientos realizados, se secuestraron formularios con el membrete del hospital Papa Francisco en dos de los domicilios de las imputadas. Por otra parte, un hombre y una mujer que trabajaban en el Centro de Recuperación COVID-19 facilitaron que los menores accedieran a la inoculación sin verificar su identidad, pese a que no les correspondía esa vacuna.
Tras una audiencia de debate que se extendió durante cuatro días, con declaraciones de enfermeros, autoridades del hospital y profesionales cuyos certificados fueron falsificados, la jueza Norma Vera condenó este martes a las tres empleadas del hospital público a 2 años de ejecución condicional por el delito de uso de certificado falso, imponiéndoles reglas de conducta. En cambio, los dos administrativos del vacunatorio fueron absueltos.
