En un giro impactante, la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de Menores Elisa Alejandra Catán han sido suspendidas en sus cargos por un tribunal de enjuiciamiento de magistrados de La Pampa. Esta medida, que se describe como “preventiva”, se produce en medio de una creciente controversia en torno a su manejo de un caso de custodia que culminó en una tragedia. Ambas magistradas otorgaron la custodia del niño Lucio Dupuy a su madre y la novia de esta última, quienes posteriormente fueron condenadas por el crimen del pequeño.
La suspensión de las magistradas se llevó a cabo después de que el procurador general provincial, Mario Oscar Bongianino, las acusara de “mal desempeño” en la tramitación de los expedientes relacionados con el caso. El tribunal de enjuiciamiento, liderado por el ministro a cargo de la presidencia del Superior Tribunal de Justicia local, Fabricio Luis Losi, tomó esta decisión de manera unánime.
Es importante destacar que la suspensión preventiva no implica una culpabilidad anticipada de las magistradas, ya que se ajusta a las disposiciones establecidas en el artículo 32 de la ley 313 de Jurado de Enjuiciamiento. Ambas enfrentarán ahora un proceso de enjuiciamiento que determinará si serán destituidas de sus cargos.
Mientras el jurado de enjuiciamiento se lleva a cabo, ni la jueza Pérez Ballester ni la asesora Catán podrán ejercer sus funciones habituales y normales. Además, se les impondrá un descuento del 50 por ciento en sus haberes durante este período. Las imputadas tendrán un plazo de diez días hábiles para presentar sus defensas ante el Jury.
Las acusaciones señalan que ambas magistradas “omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño”. Este caso ha conmocionado a la comunidad y ha puesto de relieve la importancia de la actuación adecuada en asuntos relacionados con la custodia de menores.
