En Tartagal, una joven de 25 años denunció en noviembre de 2024 a su expareja, un entrenador personal de 29 años, por abuso sexual. Según su relato, fue atacada tres veces con extrema violencia en su domicilio. Sin embargo, cuando la justicia la citó meses después para ratificar su declaración, confesó que todo era mentira y que lo había hecho por enojo tras la ruptura, ya que sospechaba que él tenía otra pareja.
El caso tuvo graves consecuencias para el acusado, quien sufrió depresión, quedó medicado y perdió su trabajo debido al impacto de la denuncia. Su defensa, a cargo de los abogados Gonzalo Maidana y Rambert Alexis Ríos, demostró que no había pruebas físicas del abuso y que la mujer no presentó lesiones recientes en el examen médico legal.
Tras la confesión, los abogados llevaron el caso al Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, denunciando el daño que pueden causar las falsas acusaciones y pidiendo cambios en la legislación para evitar más “injusticias” como esta.
