El asesinato de Jimena Beatriz Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en su casa, en el barrio Nuestra Señora de San Nicolás, en la localidad veraniega de Vaqueros, en la zona norte de la ciudad. La víctima tenía 44 años y era madre de dos nenas mellizas, una de ellas con autismo.
Según la hipótesis principal, el crimen lo cometieron, al menos, dos personas, las que irrumpieron en la casa de Jimena Salas, a quien mataron de más de 40 cuchilladas, al parecer, porque se resistió a lo que parecía ser un robo, hecho que decantó en un violento homicidio, pues los criminales no se llevaron nada de la casa.
Nicolás Cajal, viudo de la víctima, fue quien descubrió el cuerpo de su mujer, en el comedor de la casa al llegar de su trabajo como gerente en una casa comercial de venta de electrodoméstico, alrededor de las 13.15. Tras verificar que su esposa yacía muerte, buscó a sus hijas, quienes habían quedado encerradas en el baño de la vivienda, donde la dejaron los asesinos.
El crimen es considerado un caso emblemático no sólo por la violencia ejercida en la ejecución del crimen, sino por toda una serie de factores que rodean el caso y que, en cierta manera, convirtieron su esclarecimiento en un gran desafío, tanto para la policía como para la justicia.
Prueba de ello fue el fallido paso dado en 2019, cuando la fiscalía detuvo a un vendedor ambulante, Horacio Vargas, y lo acusó, primero de ser partícipe material del asesinato, pero luego se desdijo y sólo le imputó una participación secundaria.
A ello se sumó la acusación contra el viudo, a quien acusaron de encubrimiento, imputación que luego, en mayo del 2021, no pudieron sostener. Tampoco la que habían esgrimido contra Vargas, quienes el 26 de ese mes, terminaron absueltos por la Sala VII del Tribunal de Juicio.
Peor aún fue el papelón cometido al momento de apelar, pues la fiscalía no lo hizo en tiempo y forma y se quedó sin las chandes de revertir el veredicto. Al año siguiente, en abril, la Corte de Justicia le ordenó al Ministerio Público Fiscal que retome la investigación.
NUEVOS SOSPECHOSOS
Como resultado de ello, el 20 de septiembre del 2022, una nueva unidad fiscal, esta vez integrada por Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, pidieron la detención de Carlos, Adrián y Javier Saavedra, tres hermanos que reside en el barrio Parque General Belgrano, en la zona norte de la ciudad.
Los dos primeros fueron detenidos en esta ciudad, mientras que Javier, el menor de los tres, fue capturado en Santa Victoria Este, en el chaco salteño, donde realizaba tareas voluntarias para una parroquia de esa localidad, como parte de su preparación académica.
La detención de los hermanos Saavedra apareció como un paso firme, pero con el correr de los meses decayó, aunque no tanto. Dos de los acusados, Carlos y Adrián, fueron beneficiados con el arresto domiciliario, ya que las evidencias reunidas en su contra no eran suficientes.
Caso contrario fue el de Javier, cuyo cotejo genético de ADN con las muestras recogidas en la escena del crimen dio positivo, lo que no sucedió con sus otros dos hermanos, algo que llamó la atención, pues en todo momento desde la fiscalía se dijo que los rastros obtenidos pertenecían a dos hombres que, entre sí, eran parientes.
Al margen de ello, el caso se mantuvo firme y el julio del año pasado, la fiscalía pidió el juicio oral y público de los tres acusados, mientras la defensa, a cargo del abogado Marcelo Arancibia, planteó un pedido para que se haga una contraprueba genética, medida que, a fines del año pasado, la jueza de Garantías, Ada Zunino, decidió rechazar y mandar a los Saavedra a juicio.
Ahora el expediente se encuentra en el Tribunal de Juicio, sin que se haya definido que sala asumirá el desarrollo del debate, el cual tampoco tiene fecha fijada, no obstante, se prevé que se lleve adelante en la segunda mitad del año, aunque no se descarta que pueda pasar para el 2025.
El punto más cuestionado tiene que ver con el pedido de la contraprueba de ADN que exige la defensa, lo que podría generar una nueva contienda legal, en caso de que la sala de juicio que asuma el caso, se niegue a ordenar esta prueba, la cual se considera clave para la resolución del crimen.
