El gobernador Gustavo Sáenz convirtió en Ley el Decreto Nº 255/2020 por el cual creó un “régimen de sanción” facultando a la Policía de la Provincia a detener, acusar y condenar con su sola intervención a presuntos infractores del aislamiento social, convirtiéndose en juez y parte.
Los policías podrán aplicar arrestos de 60 días o multa y no habría intervención ni de Fiscalía, ni de las Defensorías ni de un Juzgado de Garantías.
El gobierno aduce que los superpoderes a la Jefatura de la Policía pretenden “garantizar la protección” de la sociedad y “proteger el derecho a la vida“. Además, justifican que el DNU del Ejecutivo es el “remedio constitucional de excepción” porque “no es posible seguir los procedimientos ordinarios para la sanción de las leyes“, agrega el texto publicado ayer en Boletín Oficial.
A pesar de que el Poder Legislativo es el poder público competente para sancionar leyes en materia penal, no hubo tratamiento en el pleno de la Legislatura.
