ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) En un contexto de asfixia financiera y caída en picada de la recaudación, el Gobierno Nacional decidió abrir el grifo de la coparticipación. Mediante un esquema de adelantos financieros por un total de $400.000 millones, la Casa Rosada busca dar respuesta a la falta de liquidez de las provincias y, de paso, reconstruir los puentes políticos necesarios para avanzar con su agenda legislativa.
La medida, que será oficializada por decreto, apunta a que las jurisdicciones puedan cubrir gastos corrientes —principalmente sueldos y paritarias— sin tener que endeudarse con bancos a tasas astronómicas. El mecanismo prevé que el dinero sea devuelto antes de que termine el año, con una tasa de interés del 15%, una cifra sensiblemente menor a la que ofrece el mercado crediticio actual.
El auxilio financiero no distingue colores políticos y alcanza a 12 provincias que hoy enfrentan un panorama fiscal crítico: Salta, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Desde el entorno presidencial admiten que la situación es «delicada» para todos por igual. El deterioro de los recursos reales durante el primer trimestre del año golpeó tanto a las arcas nacionales como a las locales, dejando a los gobernadores con muy poco margen de maniobra.
Más allá de lo contable, el movimiento tiene una lectura política ineludible. La Libertad Avanza necesita votos en el Congreso para destrabar proyectos clave, como la reforma de la Ley de Glaciares (vital para las provincias mineras) y cambios en el sistema electoral.