ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El entramado judicial que investiga una presunta red de corrupción y sobreprecios dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un capítulo técnico clave. El juez federal Ariel Lijo, actualmente a cargo del juzgado de forma transitoria, ordenó la realización de un peritaje oficial sobre los audios en los que se escucha al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, mencionar que supuestamente Karina Milei percibiría el tres por ciento del valor de los medicamentos adquiridos por la institución.
Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado en el expediente, sostiene que las grabaciones difundidas a través del canal de streaming Carnaval son completamente apócrifas. El exfuncionario solicitó la intervención de un experto para demostrar que el material fue manipulado digitalmente. La decisión de avanzar con el peritaje técnico se concreta luego de que el anterior juez de la causa, Sebastián Casanello, mantuviera la medida en suspenso a pesar de las insistencias de la Cámara Federal.
El consultor técnico de la defensa presentó un escrito con diez puntos específicos orientados a demostrar que el archivo es un montaje artificial. Entre sus pedidos, Torok exigió la presentación de la cadena de custodia de la evidencia para verificar su continuidad y solicitó librar un oficio a Google LLC para extraer los metadatos originales del video de YouTube. Según los argumentos defensivos, sustentados en un análisis previo realizado en España, existiría un sesenta y cinco por ciento de probabilidades de que el audio haya sido confeccionado con herramientas de inteligencia artificial mediante técnicas de corte, pegado y alteración de frecuencias telefónicas y de ambiente.
Pese al impacto político de las grabaciones, las fuentes judiciales aclararon que los audios no constituyen el elemento central de la acusación. El fiscal federal Franco Picardi recopiló una serie de pruebas documentales que permitieron procesar a Spagnuolo sin prisión preventiva, bajo los cargos de jefe de una asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, sumado a un embargo de doscientos dos mil millones de pesos. La investigación penal corroboró el direccionamiento de licitaciones y la cartelización de droguerías en la compra de medicamentos de alto costo, maniobra que luego se extendió a la adquisición de insumos médicos como andadores.