Con el caso Manuel Adorni todavía en la mira del escrutinio público y, sobre todo, bajo investigación judicial, la Oficina Anticorrupción (OA) postergó el plazo final para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales anuales y obligatorias.
La norma obliga a los funcionarios a presentar una Declaración Jurada Patrimonial Integral al asumir el cargo, al momento de retirarse y anualmente, y la correspondiente al último periodo anual en principio debía ser presentada el 31 de julio próximo.
Sin embargo, y seguramente tras el pedido formulado por varios funcionarios de primer nivel que fungen en el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la Resolución 7/2026 la OA resolvió postergar hasta el 31 de agosto el plazo que vencía el último día del corriente mes.
Según el organismo, la medida se adoptó “en razón de la extensión hasta el 27 de julio del plazo establecido por ARCA para cumplimentar las obligaciones de presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2025”, se explicó oficialmente.