El futuro de la explotación aeroportuaria en la Argentina ingresó en una zona de extrema turbulencia institucional. Un riguroso y detallado informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) dejó al descubierto severas falencias en el proceso de prórroga del contrato de concesión otorgado a Aeropuertos Argentina.
El informe del organismo de control, publicado originalmente a mediados del año pasado, desmenuza los pormenores de la prórroga firmada durante la gestión de Alberto Fernández —bajo el argumento de compensar los efectos de la pandemia de Covid-19— y concluye que aquella extensión de 2028 a 2038 se concretó al margen de los estándares regulatorios previstos, omitiendo los pasos legales obligatorios, la intervención de los órganos competentes y la documentación respaldatoria indispensable.
A lo largo de más de sesenta páginas, la auditoría expuso que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) actuó con extrema opacidad y careció de un circuito administrativo específico para justificar la medida.
Entre los puntos más cuestionados se destaca la ambigüedad en los planes de inversión exigidos al concesionario —con cláusulas redactadas de manera vaga que impedían medir su cumplimiento efectivo— y la falta de incorporación de documentos internos clave al expediente oficial.