ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención inmediata y la declaración indagatoria de Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el director Juan Ernesto Curutchet, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en las operaciones financieras vinculadas con las reservas de oro de la Argentina. La presentación se conoció luego de la aprobación de un dictamen de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del ejercicio 2025 de la autoridad monetaria.
El planteo judicial toma como elemento central la Resolución 205/2026 de la AGN, que registró un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalente a unos 1.023 millones de dólares, en operaciones con derivados financieros de opciones sobre el oro. Según los datos citados en la presentación, las pérdidas por la ejecución de esas opciones superaron los 960 millones de dólares, a los que se sumaron más de 62 millones en concepto de primas.
La causa investiga una posible defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad y una eventual asociación ilícita. Sin embargo, las acusaciones forman parte de una investigación judicial y no constituyen por sí mismas una determinación de responsabilidad penal. El pedido de Dalbón busca que se avance con medidas contra los funcionarios mencionados.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta a la estrategia financiera aplicada durante la gestión de Caputo y las autoridades del BCRA. La presentación sostiene que las pérdidas registradas en las opciones multiplicaron por quince el valor de las primas contabilizadas y plantea dudas sobre los controles de riesgo utilizados para realizar las operaciones. El denunciante también cuestiona que la revalorización contable del oro físico pueda compensar los resultados negativos de esos instrumentos financieros.
Por su parte, el Banco Central habría justificado estas maniobras como mecanismos de cobertura frente a los riesgos del mercado. La controversia gira en torno a si las operaciones respondieron a una estrategia adecuada de administración de las reservas y si existieron controles suficientes para limitar las pérdidas. Estos aspectos forman parte de los cuestionamientos que se busca esclarecer en el ámbito judicial.