Argentina (Redacción Voces Críticas) La quinta marcha universitaria realizada este jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación reunió a miles de personas en una nueva protesta contra las políticas del Gobierno de Javier Milei. La movilización, convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, terminó atravesada por graves incidentes entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad, con personas heridas, detenidos y destrozos en el espacio público.

La concentración comenzó alrededor de las 13:00 y contó con la participación de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, sindicatos y agrupaciones políticas. Durante las primeras horas, la manifestación se desarrolló de manera pacífica, con consignas dirigidas al Presidente y pedidos de actualización salarial, mejoras en las becas estudiantiles y mayores recursos para las universidades públicas.

Los incidentes se intensificaron durante la tarde, cuando las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Las corridas se extendieron por las calles cercanas al Congreso y parte de los gases alcanzaron sectores donde se encontraban manifestantes que participaban de la convocatoria pacífica. A esto se sumó una intensa lluvia que aceleró la desconcentración y obligó a finalizar anticipadamente el acto central.

El saldo de la marcha universitaria fue de ocho efectivos de seguridad heridos y varias personas lesionadas entre los manifestantes. Los primeros informes oficiales mencionaron seis detenidos, aunque posteriormente se conocieron balances de al menos 25 arrestos y reportes que elevaron esa cifra a 31. Por su parte, las autoridades porteñas estimaron preliminarmente en 90 millones de pesos los daños ocasionados en mobiliario urbano, veredas, canteros y espacios verdes.

El reclamo central de la marcha universitaria estuvo dirigido al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial. Aunque la Justicia suspendió provisoriamente las multas diarias de $100.000 impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar, el conflicto sobre la aplicación de la norma continúa sin resolverse.

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