SALTA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno de Salta volvió a reclamar una revisión de las restricciones impuestas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al comercio fronterizo, luego de que el organismo nacional oficializara una prórroga de 120 días para la aplicación de determinadas disposiciones. El jefe de Gabinete provincial, Sergio Camacho, consideró que la postergación representa una oportunidad para abrir una instancia de diálogo, pero advirtió que no constituye una solución definitiva para las actividades comerciales de Aguas Blancas y Salvador Mazza. Según explicó, el objetivo debe ser modificar aquellos aspectos de la normativa que afectan las operaciones legales y evitar que el conflicto vuelva a repetirse cuando finalice el plazo establecido.
Durante una entrevista en el programa Pelo & Barba, de Aries, Camacho cuestionó que las restricciones se hayan diseñado desde Buenos Aires sin contemplar las particularidades de las localidades fronterizas salteñas. El funcionario sostuvo que una regulación destinada a combatir el traslado irregular de granos terminó perjudicando también la comercialización de productos como harina, aceite y grasa. En ese sentido, explicó que las limitaciones sobre el peso de los paquetes dificultaban las operaciones habituales de los comerciantes. “Lo que ya estaba era perdido, no se podía pasar bolsa de más de 10 kilos, cuando la harina viene de 25 y de 50, con lo cual lo que estaban haciendo es bajando la persiana”, expresó, al describir el impacto que, según su evaluación, podían tener las medidas sobre la actividad económica regional.
La postergación fue oficializada este jueves 22 de octubre mediante la Resolución General 5914/2026 de ARCA, que difiere durante 120 días la aplicación de dos disposiciones incluidas en la regulación original. Durante ese período, se mantendrán temporalmente las condiciones anteriores respecto de los aspectos alcanzados por la prórroga, mientras se espera avanzar en conversaciones entre autoridades nacionales, comerciantes, intendentes y legisladores de las zonas afectadas. Sin embargo, la decisión no implica la eliminación de todos los controles fronterizos y mantiene vigente el límite de 150 dólares diarios por persona. Por ese motivo, desde la Provincia insisten en que resulta necesario revisar el alcance de las restricciones y encontrar mecanismos que permitan fiscalizar el movimiento de mercaderías sin perjudicar las operaciones comerciales registradas.
Para el Gobierno provincial, el desafío ahora será conseguir que los compromisos de diálogo asumidos por Nación se traduzcan en una revisión efectiva de la normativa antes de que venza la prórroga. Camacho aseguró que existe la intención de trabajar junto con los sectores involucrados para alcanzar un esquema que permita controlar las operaciones irregulares y, al mismo tiempo, preservar el comercio formal. La preocupación se concentra especialmente en Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde la actividad fronteriza constituye una fuente importante de movimiento económico. La Provincia buscará que los próximos 120 días sirvan para acordar cambios concretos y evitar que, una vez cumplido el plazo, vuelvan a aplicarse restricciones que generen nuevas dificultades para los comerciantes y trabajadores de la región.