SALTA (Redacción Voces Críticas) El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, se refirió al conflicto que mantiene la Provincia con los anestesistas y cuestionó los reclamos económicos que derivaron en medidas de fuerza y la suspensión de cirugías programadas. Durante una entrevista en el programa Pelo y Barba, de Aries, el funcionario reconoció que existieron atrasos en los pagos, pero aseguró que el Gobierno provincial realizó desembolsos millonarios para sostener las prestaciones. Además, planteó que los honorarios de esta especialidad son elevados en comparación con los de otros profesionales de la salud y pidió contemplar las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema sanitario.
“Está muy bien pago y en esta situación económica donde estamos viviendo, toda la provincia tiene que ser un poco más solidaria”, expresó Mangione al referirse a las condiciones económicas de los anestesistas. El ministro sostuvo que la Provincia desembolsó aproximadamente $3.700 millones en prestaciones vinculadas con anestesia, una cifra que incluye pagos por guardias y servicios profesionales. Según la información oficial difundida previamente, durante 2026 se habían abonado $3.659.871.168,54 por estos conceptos. El funcionario utilizó estos datos para explicar la posición del Ministerio de Salud frente a las exigencias del sector, en un contexto de restricciones presupuestarias y creciente demanda hospitalaria.
Uno de los principales cuestionamientos del titular de Salud estuvo dirigido a las diferencias existentes entre los acuerdos que mantienen los anestesistas con distintos establecimientos públicos. Mangione explicó que, además de los desembolsos realizados por la Provincia, deben considerarse los convenios particulares de los hospitales de autogestión. En ese sentido, consideró necesario unificar los criterios de contratación y remuneración, con el objetivo de ordenar el funcionamiento del sistema y evitar diferencias entre instituciones. También afirmó que los anestesistas salteños perciben honorarios considerablemente superiores a los de profesionales de la misma especialidad en otras provincias, aunque no presentó en la entrevista una comparación detallada de esas remuneraciones.
Otro de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con la cantidad de profesionales disponibles en la provincia. Mangione aseguró que Salta necesita incorporar entre 20 y 30 anestesiólogos adicionales para responder a la demanda del sistema sanitario. En ese marco, acusó a representantes del sector de resistirse a la incorporación de dos nuevos residentes para su formación en la especialidad. “Ellos quieren manejar absolutamente todo”, afirmó al cuestionar lo que considera una excesiva intervención del sector en las condiciones de contratación y en la formación de nuevos profesionales. Se trata de señalamientos del ministro que no fueron acompañados, en la información difundida, por una respuesta de la asociación profesional.
Pese a sus cuestionamientos, Mangione aclaró que no todos los anestesistas participan de las medidas de fuerza y reconoció que existen especialistas que continúan cumpliendo normalmente sus tareas. Esta distinción resulta importante en medio de un conflicto que afectó la programación de cirugías y generó preocupación por la continuidad de determinadas prestaciones hospitalarias. El ministro insistió en que el objetivo de su cartera es garantizar la atención de los pacientes, al tiempo que busca revisar las condiciones económicas y administrativas de los convenios vigentes.
La cartera sanitaria había informado el viernes que mantiene abiertas las instancias de negociación con la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR). El diálogo se desarrolla en un escenario de dificultades presupuestarias para Salud Pública, que también debe afrontar el incremento de la demanda asistencial y otros gastos vinculados con el funcionamiento hospitalario. Mientras continúan las conversaciones, el desafío será alcanzar un acuerdo que permita normalizar las prestaciones, sostener las cirugías programadas y garantizar condiciones de trabajo adecuadas para los profesionales, sin comprometer los recursos necesarios para otras áreas del sistema de salud.