SALTA (Redacción Voces Críticas) Un exfuncionario de la gestión municipal de Bettina Romero fue imputado provisionalmente por un episodio de amenazas con arma de fuego ocurrido en una estación de servicio de la ciudad de Salta. Se trata de Tomás Calderoni, quien anteriormente se desempeñó como director de Cementerios Municipales y director del Programa de Políticas de Integración Socio Urbana. El hecho investigado ocurrió el pasado 25 de octubre en el barrio Pereyra Rozas, ubicado en la zona norte de la capital salteña, y se habría desencadenado por una discusión entre clientes que aguardaban para utilizar el sector destinado al inflado de neumáticos.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la Fiscalía, Calderoni habría utilizado el espacio para inflar las ruedas de su vehículo sin respetar el orden de las personas que esperaban su turno. Esta situación provocó reclamos por parte del denunciante y de otros clientes presentes en el establecimiento. Según la hipótesis investigada, la discusión comenzó por una cuestión relacionada con la atención en la estación de servicio, pero habría escalado cuando el exfuncionario reaccionó ante los cuestionamientos. El episodio derivó posteriormente en una denuncia penal que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
La acusación sostiene que, durante el enfrentamiento verbal, el exfuncionario habría extraído un arma de fuego del interior de su camioneta y la habría exhibido de manera amenazante frente a los demás clientes. La conducta denunciada constituye el eje central de la investigación judicial, que busca determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el episodio y establecer si existió una amenaza penalmente relevante. El hecho generó una causa por el presunto delito de amenazas con arma, una figura que contempla el uso de un elemento capaz de aumentar la intimidación ejercida sobre otra persona.
La investigación quedó a cargo del fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, quien impulsó la imputación provisional contra Tomás Calderoni. Durante la audiencia correspondiente, el acusado estuvo acompañado por un abogado particular y negó haber participado en los hechos que se le atribuyen. Su declaración forma parte de las actuaciones judiciales, mientras que la Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar si la denuncia puede ser respaldada por las pruebas incorporadas. La imputación constituye una instancia del proceso penal y no implica que se haya establecido la culpabilidad del exfuncionario.
Para avanzar con el esclarecimiento del caso, la Fiscalía incorporó registros de las cámaras de seguridad de la estación de servicio y declaraciones de testigos que habrían presenciado la discusión. Además, dispuso otras medidas investigativas destinadas a reconstruir la secuencia de los acontecimientos y verificar las circunstancias denunciadas. El caso vuelve a poner bajo atención pública a un exintegrante del equipo municipal de Bettina Romero, aunque los hechos investigados corresponden a una situación particular y no a su desempeño anterior en la administración pública. La causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la encargada de determinar las eventuales responsabilidades penales.