Luego del impactante traspié sufrido en el Congreso con la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción pero con el rechazo prácticamente unánime a lo esencial del proyecto (extranjerización de la tierra), el Gobierno Nacional ha adoptado algunos lineamientos estratégicos que, eventualmente, le permitan retomar la iniciativa política.
Sin embargo, hay un tema que para los mandatarios provinciales y sus intendentes es esencial negociar en el recorrido del diálogo con el Ejecutivo pero que en Casa Rosada no están dispuesto a ceder un ápice: la obra pública paralizada, sacrificada en la hoguera del “déficit cero”.
Y no se trata de grandes obras con enormes inversiones sino de algo tan elemental como el mantenimiento de las rutas nacionales que, tras años de abandono por parte de la gestión anarcocapitalista, se encuentran sumamente deterioradas o directamente colapsadas, causando no solo inconvenientes a la circulación de personas y mercaderías sino también muertes.
De hecho, la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró alrededor de 4.000 muertes por accidentes de tránsito en 2025, mientras el nivel de ejecución de los recursos disponibles no llega al 20%: sobre $450.000 millones previstos para mayo último solamente se ejecutaron $83.000 millones.