Salta (Redacción Voces Críticas) El Gobierno de Salta fijó su postura frente al proyecto nacional de discapacidad y acordó una serie de propuestas que buscará incorporar durante el debate en el Congreso. El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó una mesa de trabajo con prestadores e instituciones del sector, junto al diputado nacional Bernardo Biella, quien asumió el compromiso de llevar los planteos de la provincia al recinto.

Del encuentro también participaron la subsecretaria de Discapacidad, Mariana Dell Aqua, y la directora del área, Isabel Soria. La reunión tuvo como objetivo reunir argumentos técnicos y territoriales para fundamentar las modificaciones solicitadas y analizar el impacto que podrían tener los cambios normativos sobre las prestaciones.

En ese marco, el titular de Salud planteó que las diferencias territoriales deben ser consideradas al definir el financiamiento de las prestaciones. Señaló que la Patagonia cuenta con antecedentes de adicionales específicos y reclamó que también se contemple la realidad del norte argentino, donde las distancias y las dificultades de acceso condicionan la atención.

Por su parte, Biella detalló los puntos que defenderá en el Congreso en representación de los planteos recogidos por el Gobierno de Salta. Entre ellos mencionó la actualización de los valores del nomenclador de prestaciones y su continuidad, el pago de las deudas con los prestadores y la reducción de las demoras en los desembolsos. También propuso reemplazar el carácter transitorio de la emergencia por una legislación permanente.

El legislador reclamó que los valores se actualicen trimestralmente y que exista una partida específica dentro del Presupuesto nacional. En ese sentido, explicó: “Pedimos que se dé de baja el artículo 6 y redactarlo de cero nuevamente”. Según sostuvo, el objetivo es que el financiamiento quede expresamente contemplado en la ley y no dependa de decisiones posteriores.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Salta buscará que las necesidades de los prestadores y beneficiarios de la provincia sean consideradas en la discusión nacional. Las modificaciones planteadas todavía deberán atravesar el tratamiento parlamentario y no constituyen cambios aprobados en la legislación vigente.

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