Tras el rechazo en el Senado en marzo de 2024 del mega DNU 70/2023 y luego del polémico fallo de la Corte Suprema en el capítulo sobre la completa liberación de la extranjerización de tierras, la Cámara de Diputados apura ahora el rechazo al controvertido decreto que firmó Javier Milei apenas asumió al frente de la Casa Rosada. De caerse el DNU 70/2023 ello acarrearía fuertes implicancias en, por ejemplio, la derogada Ley de Alquileres; el sistema de actualización de las cuotas de las prepagas y en el Comercio Exterior.
el impacto se concentraría en tres mercados que todavía dependen del decreto: los alquileres, la salud privada y el comercio exterior.
Zentrix advirtió sin embargo que «la derogación no restituye de manera automática las leyes que el DNU eliminó y, hasta que el Congreso defina qué reglas rigen, hogares y empresas no sabrían bajo qué régimen firmar un alquiler, contratar una prepaga o planificar una exportación».
El resto del decreto pesa menos de lo que sugiere el debate público. La reforma laboral, declarada inválida por la Justicia en enero de 2024, hoy se rige por la Ley Bases y por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sancionadas por el Congreso con posterioridad.
Las privatizaciones y la reforma energética también tienen respaldo en la Ley Bases. Una derogación no modificaría costos laborales, indemnizaciones ni procesos de privatización en curso: el capítulo que concentró la mayor parte de la discusión política es, en los hechos, el que menos depende hoy del DNU.