El gobierno de los Estados Unidos expresó una preocupación puntual que ya ocupa el centro de las conversaciones bilaterales: el alcance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y su eventual impacto sobre compañías de ese país que operan directa o indirectamente en las Islas Malvinas.
De acuerdo a esas fuentes, desde la Casa Blanca señalaron que varias firmas ya recibieron notificaciones y advirtieron que la norma, de aprobarse tal y como está redactada, “podría generar una barrera comercial y complicar futuros proyectos de inversión”.
En los últimos días se registraron intercambios reservados entre funcionarios de ambos países. De acuerdo con fuentes consultadas, la Casa Blanca transmitió dos alternativas para evitar un conflicto diplomático.
En principio, congelar el proyecto libertario y evitar que avance en el Congreso o, en el caso más probable, modificar su contenido, limitando el alcance de las sanciones para que las empresas estadounidenses queden excluidas.