ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El empresario Lázaro Báez, condenado en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, enfrenta una nueva acusación judicial que lo vincula con una presunta organización dedicada al lavado de activos, la explotación irregular de bienes embargados y posibles conexiones con el narcotráfico. La investigación está a cargo del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, y apunta a determinar cómo el excontratista, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, habría continuado administrando propiedades y empresas pese a las restricciones impuestas por la Justicia. Según la acusación, la estructura investigada habría movilizado aproximadamente 390.880.000 pesos mediante operaciones financieras y comerciales. Entre los involucrados aparecen su pareja, Claudia Insaurralde, y Cristian Sebastián Ibáñez, señalado por los investigadores como un presunto testaferro del empresario.
La causa se apoya en escuchas telefónicas, documentación bancaria, fotografías y cuadernos secuestrados durante los procedimientos judiciales. De acuerdo con la información publicada por Clarín, los investigadores encontraron un cuaderno en la celda de Báez con anotaciones relacionadas con la recaudación y explotación de propiedades, además de un documento titulado “El Clan”, que contenía nombres coincidentes con varios imputados. También se incautó un cuaderno de Claudia Insaurralde, donde figuraban registros de cobros, fechas y personas vinculadas con distintas operaciones. Para la Fiscalía, estos elementos respaldan la hipótesis de que el empresario habría continuado dando instrucciones desde prisión para obtener beneficios económicos de estancias, inmuebles y sociedades alcanzadas por medidas judiciales. Entre los bienes mencionados aparecen las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, además de propiedades en Río Gallegos y El Calafate.
El análisis financiero incorporado al expediente identificó 677 transacciones bancarias entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 en cuentas relacionadas con Ibáñez y otro imputado, Jorge Manuel Ulloa. De esas operaciones, 662 fueron acreditadas por un total de $380.620.089, mientras que el flujo consolidado detectado por los investigadores alcanzó aproximadamente $390.880.000. Según la acusación, el dinero habría circulado mediante transferencias fraccionadas, movimientos entre cuentas de terceros y operaciones vinculadas con juegos de azar y apuestas, con el presunto objetivo de dificultar su seguimiento. Los fiscales también describieron movimientos por más de $165 millones entre cuentas del propio Ulloa y seis transferencias por $5,1 millones destinadas a Insaurralde. Para el Ministerio Público Fiscal, estas maniobras habrían permitido aprovechar económicamente bienes sujetos a embargos y decomisos, además de intentar introducir los fondos en circuitos comerciales formales.