ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) Tras recibir luz verde por parte de la Justicia, el Poder Ejecutivo avanzó con la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una de las piezas centrales de la reciente reforma laboral. La medida establece una fuerte reducción de las contribuciones patronales por un plazo de cuatro años para aquellas empresas que incorporen nuevos trabajadores entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
El principal objetivo de la Casa Rosada es fomentar el empleo en el sector privado apuntando a un universo específico de beneficiarios. Para que las empresas puedan acceder al beneficio fiscal, los nuevos contratados deberán cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:
Actualmente, las contribuciones patronales promedian el 18% de la masa salarial. Con la entrada en vigencia del RIFL, esta alícuota se desplomará al 5%. Según los detalles técnicos de la reglamentación, tres puntos porcentuales se destinarán al sistema previsional (jubilaciones) y los dos restantes irán al financiamiento del PAMI. A este esquema se le acoplará un 3% extra destinado al futuro fondo de asistencia para indemnizaciones, una vez que quede reglamentado.
Desde el sector corporativo miran con optimismo la letra chica de la norma. Marcelo Brandariz, socio líder de Servicios Legales de PwC Argentina, destacó que la iniciativa «debería redundar en beneficios» para los sectores vulnerables que busca insertar en el mercado y remarcó que el RIFL «otorga a los empleadores un canal que genera una importante reducción en los costos laborales», volviendo los puestos más competitivos.
A pesar del guiño fiscal, sectores vinculados a las pequeñas y medianas empresas muestran mayor cautela respecto al alcance real que tendrá la medida en la creación de puestos netos de trabajo.