Kristalina Georgieva, Directora Gerente y Presidenta del Directorio del FMI, comentó que la situación económica se ha vuelto más compleja desde la última revisión
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su llamado a Argentina a tomar medidas para contener el gasto en salarios y jubilaciones, además de apoyar un nuevo aumento de tarifas. Esto fue destacado tras la aprobación de la quinta y sexta revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas.
El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 30 meses en Argentina y aprobó un desembolso inmediato de alrededor de US$7.500 millones. Sin embargo, se resaltó que los principales objetivos del programa no se lograron debido a condiciones como la sequía sin precedentes y desviaciones de las políticas.
En el contexto de inflación y presiones en la balanza de pagos, se acordó un conjunto de medidas destinadas a fortalecer las reservas y consolidar la disciplina fiscal. El FMI subrayó que la implementación sólida y continua de estas medidas será crucial para mantener la estabilidad y la sostenibilidad a medio plazo.
El total de desembolsos del FMI para Argentina suma aproximadamente US$36.000 millones, y la próxima revisión está programada para noviembre de 2023.
El Directorio Ejecutivo reconoció que los objetivos clave del programa hasta junio de 2023 no se cumplieron debido a factores como la sequía inusual y desviaciones en las políticas, lo que condujo a la aprobación de exenciones por incumplimiento.
En palabras de Kristalina Georgieva, Directora Gerente y Presidenta del Directorio del FMI, “la situación económica se ha vuelto más compleja desde la última revisión debido a la sequía sin precedentes y a las desviaciones en las políticas, lo que resultó en la falta de cumplimiento de metas clave del programa previstas para junio”.
Se destacó el enfoque en controlar el gasto mediante medidas que abarcan la actualización de tarifas energéticas y la moderación de salarios y jubilaciones públicas, al mismo tiempo que se protege el gasto esencial en programas sociales e infraestructura.
